Las palabras no bastan. Tampoco las venganzas.

Ahora se sabe que la joven Silvia Vargas, la entrañable hija de don Nelson Vargas y doña Silvia Escalera, fue asesinada por sus plagiarios desde hace muchos meses.

La esperanza terminó.

Según los que investigan el caso (y cuyos dichos no son del todo confiables), Silvia fue asesinada unas tres semanas después de ser secuestrada, supuestamente por haber reconocido a alguno de los homicidas.

No hay palabras para calificar este crimen, tanto como no las habrá jamás para calificar ningún otro crimen, sea de la naturaleza que sea. Sólo dolor sobre dolor, es lo único que puede decirse de los sentimientos familiares de las inocentes víctimas.

¿Qué es lo que queda por hacer?

Las autoridades explican que lo que sigue es concluir la investigación, ya que todavía hay asesinos que andan sueltos. No lo dudamos ni un ápice.

Pero lo que ellos no explican es el silencio que guardaron ciertos altos funcionarios de la policía desde el año 2003 acerca de esta banda de secuestradores cuya existencia conocían, tal como lo acredita la investigación de Anabel Hernández (Reporte Índigo), y que aquí transcribimos.

¿Qué es lo que queda por hacer?

¡Cuánta tristeza!

Hoy justamente, la revista Forbes ha publicado un artículo que autotitula “Mexican Meltdown”, que no es otra cosa que la confirmación del desastre de inmensas proporciones en la seguridad social y económica que vive nuestro país.

En todo caso, ni Forbes ni ningún otro medio extranjero necesita proclamarlo a los cuatro vientos: la debacle mexicana, la decadencia moral está a la vista de todos nosotros.

¿O no?

* * * * * *

Las autoridades tardaron 15 meses y un día en responder a la exigencia de Nelson Vargas y Silvia Escalera Montes de encontrar a su hija. Este jueves, la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó pericialmente que los restos encontrados el pasado 5 de diciembre en la casa número 51 de la calle Bellavista, en el pueblo San Miguel Xicalco, delegación Tlalpan, son de Silvia Vargas Escalera. Esto lo publica el periódico La Jornada.

La joven tenía 18 años de edad el 10 de septiembre de 2007, día en que fue plagiada presuntamente por la banda de Los Rojos, en la que participaban Cándido, Manuel y Raúl Ortiz González, hermanos de Óscar Ortiz González, quien se desempeñó como chofer de la familia Vargas Escalera durante dos años.

La familia de Nelson Vargas, ex titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), mantuvo en secreto el caso 11 meses. El 25 de agosto pasado el ex funcionario y su ex esposa ofrecieron la primera conferencia de prensa para solicitar el auxilio de la sociedad y los medios de comunicación para conocer el paradero de su hija.

Silvia Vargas fue interceptada cerca de las 6:45 horas por sus captores cuando se dirigía de su casa, en la colonia San Jerónimo, al colegio Alexander Bain, en la colonia Las Águilas.

Una llamada de Nelson Vargas al celular de su hija para saber la causa por la que no asistió al colegio fue respondida por uno de los secuestradores.

Un día después del plagio, Nelson Vargas denunció el hecho ante la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), y se inició la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/238/2007.

El contacto entre plagiarios y la familia Vargas Escalera se prolongó hasta el 27 de septiembre, cuando uno de los delincuentes le dijo al ex funcionario que ya no le interesaba su dinero y no lo llamaría más.

El 28 de diciembre de 2007 la PGR solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, mediante el oficio SIEDO/UEIS/ 15445/07, que investigara la presunta participación de Óscar Ortiz González en el plagio.

Exactamente un mes después, la SSP, que dirige Genaro García Luna, respondió mediante el oficio PFP/CIP/DGCS/66/2008 que no había encontrado elemento que vinculara al ex chofer de la familia Vargas Escalera con actividades ilícitas.

Nada era del conocimiento público sobre el caso de Silvia Vargas. Se supo hasta el 25 de agosto, cuando crecía la ola de indignación social por el secuestro y asesinato del joven Fernando Martí. En conferencia de prensa, Silvia Escalera ofreció una recompensa a los captores con tal de saber de su hija.

Fue también el comienzo del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, en el que todos los actores políticos, incluidos los titulares de la PGR y la SSP, Eduardo Medina Mora y García Luna, respectivamente, se comprometieron a dar resultados del combate contra la inseguridad.

Se llegó a los cien días del acuerdo el pasado 28 de noviembre. Dos días antes, Nelson Vargas y Silvia Escalera acusaron a los titulares de la PGR y la SSP de desdeñar sus aportaciones a la investigación y, en conferencia de prensa, el ex titular de la Conade declaró: “¿Eso es no tener nada? ¡Eso es no tener madre!”, pues a pesar de haber comunicado a las autoridades que había recibido información de que su ex chofer estaba relacionado con el secuestro, la PGR no había hecho nada.

El pasado 5 de diciembre, la PGR informó: “se tienen datos que refieren la ubicación de un domicilio donde, según testimonios, Silvia Vargas Escalera fue privada de la vida.

“El domicilio ha sido identificado en la delegación de Tlalpan, Distrito Federal, habiéndose solicitado y obtenido del juez octavo de procedimientos penales federales en el Distrito Federal, la orden de cateo número 42/08”.

Los datos para llegar a ese lugar los aportó un reo en el penal de Barrientos, en el estado de México, que en la actualidad está detenido en la SIEDO, sin que se haya revelado su identidad.

El mismo 5 de diciembre, peritos en genética forense, identificación fisonómica, antropología, odontología, medicina, fotografía, video, retrato hablado, dactiloscopia, criminalística de campo, grafoscopio, análisis de voz, topografía, química, ingeniería y arquitectura, de la PGR, se dieron a la tarea de rescatar los restos de una persona que había sido inhumada ilegalmente en el patio trasero de Bellavista número 51.

La recuperación de los restos duró varias horas; primero localizaron el patio y después levantaron una losa de concreto que los ocupantes de esa casa mandaron construir para tapar el sitio de la inhumación.

Cuando los peritos pusieron al descubierto los restos, se documentó que se trataba de una persona joven, de entre 18 y 23 años, con cabello largo, alta, y que no presentaba heridas de bala o huellas de tortura. Tenía, sí, amarrada una venda de unos 15 centímetros desde el cuello hasta las rodillas.

Fuentes de la PGR revelaron que la causa de la muerte fue asfixia y se presume que los plagiarios la asesinaron por haber reconocido la voz de uno de los secuestradores, a finales de septiembre de 2007. Que la sepultaron para que nadie descubriera el cadáver, pero uno de los integrantes de la banda dio datos a las autoridades en días pasados.

El día de ayer jueves 11 de diciembre, después de seis días de estudios periciales, la PGR informó que “de los dictámenes especializados y principalmente de genética forense, se llega a la conclusión que el perfil genético obtenido del cuerpo encontrado en el domicilio ya referido, corresponde al de la hija de Nelson Fernando Vargas Basáñez y Silvia Escalera Montes.

“La PGR, en la conducción de la investigación, ha solicitado a la SSP federal una minuciosa y exhaustiva investigación, pormenorizada, de la línea abierta por los hechos narrados, así como para la localización y presentación de todos y cada uno de los responsables partícipes en el secuestro y privación de la vida de Silvia Vargas.

“A la fecha se cuenta con diversos datos que, debido a que la investigación está en curso, no es posible, por el momento, dar a conocer”.

De acuerdo con fuentes de la PGR, en la casa de la calle Bellavista se encontraron evidencias suficientes para dar con los responsables del secuestro y homicidio.

Esperemos que así sea.

Update

Reporte Índigo

De acuerdo con expedientes internos de la PGR a los que Reporte Índigo tuvo acceso, la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR, tuvo conocimiento desde 2003 de casos de plagios presuntamente perpetrados por la banda encabezada por Sergio Humberto Ortiz Juárez, alias El Apá.

La investigación que hoy presenta Reporte Índigo incluye documentos oficiales que acreditan la comisión de los hechos delictivos y el conocimiento de los mismos por parte de las autoridades.

Hoy, varios miembros de la Banda de La Flor se encuentran presos enfrentando un proceso penal por su probable participación en el secuestro y homicidio de Fernando Martí en julio de este año.

El reportaje escrito por Anabel Hernández señala que en 2003, el titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) era el actual secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Y el responsable de la Dirección de Investigación Policial era Luis Cárdenas Palomino, hoy coordinador general de Inteligencia para la Prevención del Delito de la PFP.

En ese entonces, Cárdenas Palomino tenía bajo sus órdenes a Lorena González Hernández, La Macarena, y a Gerardo Colín Reyes, El Colín, presuntos integrantes de la Banda de La Flor.

En octubre de 2007, gracias al testimonio de un cómplice de esa organización delictiva, la SIEDO obtuvo información específica y pruebas de que González Hernández y Colín Reyes estaban coludidos con la banda. El testigo también proporcionó domicilios, teléfonos, la descripción física y el nombre completo de El Apá, así como datos de sus cómplices.

De acuerdo con esta declaración, los secuestradores y la comandante Lore presumían a sus cómplices de que contaban con el apoyo de la SIEDO. Aseguraban tener protección de elementos de la AFI, PFP y SSP.

La investigación derivada de ese testimonio estuvo a cargo de la Dirección General de Secuestros y Robos, que depende de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito de la PFP, donde trabajaba la comandante Lore como directora de área.

Sin embargo, Lorena González y Gerardo Colín nunca fueron investigados ni destituidos.

Así, la banda de El Apá siguió intocable. Gracias a eso, pudo perpetrar más plagios, como el del joven Fernando Martí, quien fue asesinado.

La SIEDO atribuye a esta banda por lo menos ocho plagios en los últimos siete años, incluyendo el de Martí.

Algunas de sus víctimas permanecieron secuestradas hasta nueve meses; otros, más de un año.

Para presionar, los miembros de La Flor enviaban fotos a los familiares de las víctimas. Esas imágenes eran las evidencias del maltrato al que sometían a los plagiados. En otros casos, enviaban cabello o piezas dentales, cartas escritas por los secuestrados o partes del cuerpo. Exigían los rescates en dólares.

Después de investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia del DF, varios de los presuntos plagiarios fueron arrestados; actualmente están sujetos a proceso judicial.

¿Cómo la ven?

Tags: secuestro Silvia Vargas, inseguridad, violencia